Durante la Décima Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República, la senadora Patricia Mercado, en su calidad de Presidenta, presentó a las y los integrantes de la Comisión el Anteproyecto de Dictamen de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a partir de tres iniciativas presentadas por dos senadoras y dos senadores en la LXIV Legislatura.
El 17 de junio se cumplió el plazo establecido en el artículo transitorio segundo de la reforma al artículo 4o. constitucional, para expedir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con el objetivo de garantizar el derecho ya reconocido en la Constitución a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
«Ha habido mucha voluntad política, mucho interés y mucha participación. Por eso ha sido tan importante el incluir las voces de todos, damos tiempo de salir a las regiones y a partir de eso, tener una visión que nos permita construir los acuerdos necesarios para evitar las 16 mil muertes y todas las agravantes de no garantizar políticas de Estado de la seguridad vial», comentó la Senadora Patricia Mercado.
El actual Anteproyecto dará paso a un dictamen que se discutirá en los próximos meses en comisiones y en el Pleno del Senado, para establecer las bases de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno y la creación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial y de las Plataformas Nacional y Estatales de Información, con el fin de tener evidencia para lograr reducir las muertes, lesiones de gravedad y discapacidades ocasionadas por hechos viales.
La Ley establecerá la siguiente jerarquía en el uso de la vía pública:
1. Personas peatonas.
2. Ciclistas y usuarias de vehículos no motorizados.
3. Personas usuarias y prestadoras de transporte público.
4. Motociclistas.
5. Prestadores de servicios de distribución de bienes y mercancía.
6. Personas usuarias de vehículos motorizados particulares.
De acuerdo con el Anteproyecto de Dictamen, las autoridades estatales y municipales deberán establecer mecanismos locales de movilidad y gestión de la seguridad vial bajo los siguientes principios:
• Todo siniestro de tránsito, que dé lugar a lesiones graves o la muerte de las personas usuarias de los sistemas de movilidad, es prevenible.
• Mantener las velocidades vehiculares por debajo de un determinado umbral de seguridad es indispensable para reducir muertes y la gravedad de las lesiones.
• Todos los vehículos motorizados deberán contar con un seguro para responder por los daños causados a terceros en su persona o bienes.
• Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral.
• Son necesarias acciones de concertación entre los sectores público, privado y social con enfoque multisectorial y a través de mecanismos eficientes y transparentes de participación.
El cronograma propuesto prevé que la votación en comisiones se realice en el mes de agosto, con el objetivo de tumar el dictamen a la Mesa Directiva del Senado a tiempo para que pueda presentarse ante el Pleno del Senado desde septiembre, al iniciar el primer periodo ordinario del primer año legislativo de la LXV Legislatura.
Además de las y los integrantes de la Comisión, participaron en la reunión Mariana Orozco, Directora de Vinculación Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y Alejandra Leal, representante de la Coalición Movilidad Segura, en representación de dos de los sectores que han estado involucrados permanentemente en este proceso de construcción legislativa.