- Presentan ante representantes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la comunidad de la movilidad en México, el documento “Aspectos clave para la formulación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”.
- Urgen a consolidar una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial antes de que termine el periodo legislativo en curso.
- El derecho a la movilidad, el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente limpio deben estar conectados, señala el documento
El Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México, por sus siglas en inglés) presentó este jueves ante integrantes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la comunidad de la movilidad en México, aspectos a considerar para el desarrollo de una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMySV) en el País.
Tras ser aprobada el pasado mes de noviembre de 2020 la reforma constitucional para reconocer el derecho a la movilidad, el Senado de la República y la Cámara de Diputados iniciaron procesos participativos para la construcción de la LGMySV. WRI México se sumó a estos esfuerzos y desarrolló una iniciativa multisectorial denominada “Diálogos para la generación de lineamientos y temas a legislar, hacia una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”.
Mediante este proceso, que consistió en cinco mesas de diálogos, se lograron consensuar varios ejes rectores que deberá considerar la Ley para hacer garante el derecho a la movilidad y su aplicación en el territorio nacional. Esta iniciativa logró reunir a 114 actores clave de los tres niveles de gobierno, de la sociedad civil, de autoridades estatales y municipales de movilidad, del sector privado y de organismos multilaterales, y tuvo como resultado una serie de 10 lineamientos que fueron el objeto de la conferencia de prensa para socializar los consensos, y que consisten en lo siguiente:
- Garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de equidad, inclusión, sostenibilidad, accesibilidad, seguridad vial, calidad, eficiencia y perspectiva de género.
- Incluir disposiciones que promuevan una visión triple cero de la movilidad (cero muertos y heridos por hechos viales, cero emisiones y cero exclusión).
- Adoptar un enfoque sistémico de la movilidad y la seguridad vial.
- Ser de carácter general y evitar sobrelegislar.
- Desarrollar contenidos sobre temas esenciales de la movilidad y la seguridad vial, promoviendo la homologación y estandarización de los temas a nivel nacional.
- Definir y delimitar roles y responsabilidades de los tres niveles de gobierno.
- Resolver el “laberinto” institucional y normativo, respetando las atribuciones federales, estatales y locales.
- Establecer mecanismos para promover la planificación de la movilidad a nivel nacional y local.
- Establecer mecanismos de financiamiento que refuercen las líneas existentes y crear nuevas disposiciones sobre fuentes alternativas de financiamiento.
- Integrar mecanismos de gobierno abierto para promover la participación ciudadana y la transparencia en el gasto público
- WRI México logró identificar también algunos puntos de concordancia sobre la visión que debe permear la Ley: a) el enfoque de derechos, lo que implica un cambio de paradigma en la forma de hacer política y construir infraestructura; b) una visión sistémica que implica ver la movilidad como un tema multifactorial y multidisciplinario para encontrar soluciones en esa lógica y hacia la búsqueda de una movilidad triple cero, y c) que la ley cumpla una fusión de carácter normativo, de fiscalización y de difusión para proveer de reglas y estándares, verificar el cumplimiento y revisión de ésta, y socializar la normativa entre quienes deberán implementarla.
El objetivo es que estos lineamientos guíen el desarrollo de las iniciativas de Ley, con algunas características básicas como la generalidad, que permita una fácil aplicación en los diferentes contextos y niveles de gobierno; y la definición clara de las atribuciones y competencias de los tres niveles de gobierno.
“Que se fundamente en los elementos esenciales del derecho a la movilidad; que sea estructurante y respete las competencias de los diferentes niveles de gobierno y que permita resolver el laberinto institucional y normativo vigente; que genere capacidad para la implementación y que sea financiable, con mecanismos y alternativas de financiamiento”
Comentó sobre el documento Fernando Páez, director de movilidad sustentable de WRI México.
El documento, que alberga los 10 lineamientos y una descripción detallada de cómo se llegó a consensuarlos, lleva por título “Aspectos clave para la formulación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”, y en él se señala que en México las políticas de movilidad cuentan con una alta atomización.
“Diversas entidades como la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y Secretaría de Salud a través del Secretariado Técnico Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA) cuentan con facultades y atribuciones relacionados con la movilidad y la seguridad vial. No obstante, en ausencia de un marco jurídico integrador, se carece de mecanismos o medios para la coordinación, planeación, financiación, ejecución de políticas y evaluaciones de desempeño”, se lee en la parte introductoria del documento.
En este contexto, agregan, la reciente modificación constitucional que establece la movilidad como un derecho se presenta como una oportunidad para que, a través de una legislación en materia de movilidad y seguridad vial, se establezcan las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la movilidad y proponer un camino claro para el desarrollo de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo.
“WRI México hace un llamado de urgencia a la formulación y posterior aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial dentro del actual periodo legislativo, considerando estos lineamientos que parten de consensos multisectoriales y con la visión de garantizar el derecho a la movilidad de todas las personas”
Demandó Adriana Lobo, directora ejecutiva de WRI México.
El documento indica que la correcta implementación de esta ley logrará construir las bases para garantizar el derecho a la movilidad, tal como lo demanda la constitución.
El evento de presentación del documento “Aspectos clave para la formulación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial” también contó con las participaciones de la senadora Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado; el diputado Jonadab Martínez, representante del Encuentro Nacional de Diputados y Diputados locales por la Movilidad (ENDIMOV); Alejandro Lopez Franco, presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM); Javier Garduño, titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional (SEDATU); el diputado Javier Hidalgo, integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados, y la diputada Ana Lilia Herrera, integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados.